Crímenes contra periodistas: “La realidad debe interpelarnos. No podemos bajar los brazos, sino comprometernos aún más”

José María Costa trabaja como director de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Corte Suprema de Justicia en Paraguay, además de ser docente de Periodismo y de Derecho de la Información en la Universidad Nacional de Asunción. Es también periodista, abogado, doctor en Derecho Público y magíster en Política Global.

Paraguay, al igual que muchas de las localidades latinoamericanas, es una de las “zonas silenciadas”, que enfrenta a una dura realidad: la violencia que se ejerce contra los periodistas y la poca visibilidad que hay al respecto, sobre todo en las regiones fronterizas donde el crimen organizado se convierte en una fuerte amenaza que “gana terreno y desplaza al Estado”.

Desde el Programa Internacional para el Desarrollo de la Comunicación, impulsado por UNESCO, se ha publicado recientemente una guía para la protección integral del ejercicio del periodismo en la sociedad, titulada: La seguridad de los periodistas en Paraguay: marco jurídico, desafíos y compromisos, un trabajo elaborado con la participación de periodistas paraguayos, abogados y operadores del sistema judicial en torno a la problemática, y en el marco del Proyecto “Promoviendo la Seguridad de Periodistas desde el Ministerio Público”, impulsado en forma conjunta por el Ministerio Público de la República de Paraguay, la Mesa para la Seguridad de Periodistas de Paraguay y la Asociación de Agentes Fiscales del Paraguay.

UNESCO Montevideo entrevistó a José María Acosta, coordinador de la Mesa de Periodistas en Paraguay, para exponer la realidad que atraviesa ese país frente a la problemática, además de compartir las principales conclusiones vinculadas a la publicación de la guía de protección integral, y cuáles son, en definitiva, los desafíos centrales debe enfrentar la región.

¿Qué motivó la elaboración de la guía para la seguridad de los periodistas en Paraguay y cuál es su rol en este proyecto?

En mi calidad de coordinador de la Mesa -donde participo como representante de la Corte Suprema de Justicia- me ha tocado gerenciar con otros colegas el proyecto, con el apoyo del Centro Interdisciplinario de Derecho Social y Economía Política (CIDSEP) en el año 2020. Consideramos que el desafío de promover la seguridad de periodistas merece contar con materiales de reflexión, recursos, datos e informaciones sobre esa realidad así como la expresión de buenas prácticas en torno al tema, de modo a fortalecer la capacidad de los órganos estatales para la prevención y protección de los trabajadores de prensa. Este proyecto incluyó talleres de capacitación para fiscales, un seminario internacional y otras actividades de reflexión y fortalecimiento institucional para la Mesa.

¿Cuáles son los principales aportes que arroja dicho trabajo colectivo?

En primer lugar, hubo espacios de aprendizaje, conocimiento y reflexión conjunta entre actores estatales y los propios dirigentes de los gremios de periodistas acerca de las mejores maneras de enfrentar esta problemática. En segundo lugar, en el marco del proyecto, se ha fortalecido la institucionalización de la Mesa para la Seguridad de Periodistas del Paraguay, que gracias a este emprendimiento tiene hoy un plan estratégico de acción, cuenta con un sitio web que sirve de órganos de comunicación así como repositorio para el seguimiento de casos de violencia contra periodistas, así como se han generado tanto el libro com un audiovisual sobre la situación de la violencia contra periodistas en Paraguay, de manera que los mismos sirvan para crear conciencia, sensibilizar y capacitar a actores relevantes en esta cuestión.

¿Existe en Paraguay una situación particular en comparación con el resto de la región?

Paraguay figura como una de las “zonas silenciadas” donde el ejercicio del periodismo afronta graves riesgos, según la Relatoría de Libertad de Expresión de la CIDH. Específicamente la frontera entre Paraguay y Brasil es la más peligrosa, donde incluso han sucedido muchos asesinatos de periodistas.

Desde 1991 al 2020, se contabilizan 19 asesinatos de periodistas y comunicadores sociales en el país.

El primero de ellos en esa serie, el de Santiago Leguizamón, en 1991, ocurrido en la ciudad fronteriza de Pedro Juan Caballero, está motivando incluso actualmente una denuncia de la CIDH contra el estado paraguayo por la falta de justicia en el caso. El último de esa serie de crímenes también ha ocurrido en Pedro Juan Caballero, en febrero del 2020, cuando fue acribillado a balazos el periodista brasileño Leo Veras, crimen que aún sigue bajo investigación.

Sin embargo, hay algunos indicios de esperanza. En el crimen contra el periodista Pablo Medina, la justicia actuó con eficiencia y se logró la condena de las personas que fueron encontradas como culpables materiales e intelectuales del homicidio.

Es una de las pocas condenas en el mundo, incluso, de un autor intelectual, en este caso, un político de la zona donde cumplía funciones el periodista y cuyas investigaciones apuntaban a desnudar esa mafia fronteriza de narcotráfico y contrabandos.

¿Cómo se encuentra América Latina y el Caribe en torno a este problema?

La realidad en la región es muy preocupante. Varios países, como Colombia, México, Guatemala y mismo Paraguay, con fuertes niveles de riesgo y ataques a periodistas. Los mecanismos de protección implementados ayudan a tratar de enfrentar esta problemática, pero aún requieren mayor fortaleza y capacidad.

El crimen organizado gana terreno y desplaza en muchos casos la capacidad y presencia del Estado.

Zonas enteras en varias regiones y países se encuentran no bajo el control del Estado sino bajo la ley del crimen organizado, generalmente sustentado en el narcotráfico. Por eso, es necesario un trabajo permanente y sostenido tanto para fortalecer el compromiso y capacidad de los Estados para brindar seguridad, como para que la sociedad comprenda que la protección de la tarea periodística es una necesidad esencial para que haya libertad de expresión, derecho a la información en la sociedad. Y consecuentemente, para que podamos fortalecer la democracia.

¿Qué recursos se han aplicado en el resto del mundo para mitigar este flagelo?

En muchos países, principalmente en la región latinoamericana, se han impulsado los llamados “mecanismos de protección” para periodistas: los hay en México, Brasil, Colombia, Guatemala y otros países. En Paraguay tenemos un modelo bastante original, con una mesa de trabajo constituida de manera mixta por instituciones del Estado y por los gremios de periodistas. Esta Mesa para la Seguridad de Periodistas del Paraguay está contribuyendo, aún con pocos recursos, a promover medidas de protección y atención para casos de ataques o crímenes contra periodistas, pero aún resta mucho por avanzar, tanto en la institucionalización, que debería darse a través de un cuerpo legal específico, como en la generación de recursos que permitan un trabajo más autónomo para la eficiencia.

¿Qué rol juega la cooperación internacional en el abordaje de dicha problemática?

Un papel muy importante y eficaz para ayudar a sensibilizar, promover el fortalecimiento de los órganos y actores claves en el desafío de brindar protección a los periodistas, así como en generar en las autoridades y la sociedad toda la necesaria conciencia y sensibilización sobre esta problemática que es clave para defender la democracia y sus valores como la libertad de expresión y el derecho a la información.

En este sentido han sido relevantes los avances tenidos en el trabajo conjunto propiciado por UNESCO con la Cumbre Judicial Iberoamericana, que reúne a las Cortes de toda esa región, así como con la Asociación Internacional de Fiscales. Haber generado programas de capacitación a través de la Red Iberoamericana de Escuelas Judiciales, con contenidos explícitos en esta materia así como en materias generales asociadas a la libertad de expresión, así como haber generado documentos e instrumentos de reflexión y acción, recomendaciones e instructivos para un mejor manejo de estos casos a cargo de los operadores de los sistemas judiciales, constituyen avances esenciales que sin duda están contribuyendo a una mejor comprensión, atención y abordaje en esta problemática. También se cuenta con el compromiso y la cooperación de otros organismos internacionales vinculados a la promoción de la libertad de expresión y la prensa, con programas que a nivel mundial buscan contribuir en el abordaje de esta problemática.

El desafío es continuar, profundizar el camino, y lograr que tanto desde el Estado, como desde la sociedad civil, se incrementen las capacidades y los esfuerzos y actos para que el ejercicio del periodismo gane en seguridad y libertad en nuestros países, por el bien de la democracia.

¿Es usted optimista frente a la posibilidad de revertir esta cruel realidad?

Si el optimismo se acaba, se acaba la esperanza y no tiene razón de ser el trabajo, pierde sentido la voluntad y el empeño. Estamos obligados tanto a ser optimistas como a ser comprometidos con ese optimismo, trabajando, generando acciones, motivando esfuerzos conjuntos, propiciando alianzas virtuosas para enfrentar este desafío que es de todos, no solo de los periodistas, sino de las autoridades, de la sociedad civil, de todos quienes creemos que la democracia es el estilo de vida que nos puede brindar bienestar y derechos para todas y todos.

La realidad debe interpelarnos. No podemos bajar los brazos, ni sentirnos abrumados, sino comprometernos aún más. El periodismo libre, seguro, ético es fundamental para una sociedad democrática. Por él debemos seguir luchando, en conjunto, con voluntad e inteligencia.